Todo Lo Que Necesitas Saber Sobre El Nuevo Procedimiento Para Certificar La Discapacidad En Colombia
La Resolución 1197 de 2024 del 5 de julio de 2024, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, deroga la antigua Resolución 1230 de 2022 y establece un nuevo procedimiento para certificar la discapacidad y llevar un registro para ubicar, identificar y caracterizar a las personas con discapacidad en el territorio nacional.
¿CUÁLES SON LAS NOVEDADES DE ESTA RESOLUCIÓN?
Tiene dos novedades principales:
- Las personas que necesitan el reconocimiento oficial de su discapacidad podrán seguir un proceso para obtener su certificado, el cual es necesario para acceder a ciertos servicios y beneficios sociales.
- Se creará un sistema para registrar a todas las personas con discapacidad, de modo que el gobierno y las entidades de salud puedan tener información actualizada y precisa para ofrecer una mejor atención y diseñar políticas públicas que respondan a sus necesidades.
¿QUIÉNES SON LOS RESONSABLES DE TRAMITAR EL PROCESO PARA CERTIFICAR LA DISCAPACIDAD/ ANTE QUIÉN PUEDE ACUDIR?
Debes acercarte a alguna de las entidades encargadas de tramitar el proceso de certificación de discapacidad, las cuáles son:
- Las secretarías de salud en departamentos, distritos y municipios, quienes estarán encargadas de gestionar y coordinar el proceso.
- Las EPS (Entidades Promotoras de Salud) tanto del régimen Contributivo como Subsidiado.
- Los prestadores de servicios de salud y las entidades territoriales que participen en el proceso.
¿QUÉ PASA CON LOS REGÍMENES ESPECIAL Y DE EXCEPCIÓN?
Estos regímenes, como el sistema de salud en las cárceles (USPEC), deberán adaptar esta norma a sus propios procesos y recursos, pero también deberán registrar la información en el sistema del gobierno (SISPRO), para mantener la coherencia en el manejo de los datos.
¿CÓMO SE REALIZA LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD?
Se debe tener en cuenta que:
- La modalidad del procedimiento puede realizarse de tres maneras diferentes: institucional, domiciliaria o por telemedicina. Es importante destacar que, los costos del procedimiento no son asumidos por el solicitante; los recursos provienen del presupuesto nacional y de otras fuentes.
- El equipo de certificación debe estar compuesto por profesionales de diferentes áreas, como medicina, fisioterapia, psicología, por ejemplo, y estar registrados en el Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad.
- La persona interesada o su persona de apoyo (en el caso de menores o personas con limitaciones) debe solicitar la orden para la certificación ante la secretaría de salud de su lugar de residencia. Deben entregar documentación como la historia clínica y diagnóstico.
- El procedimiento completo, desde la solicitud hasta la entrega del resultado, no puede superar los 17 días hábiles. Si la persona no está de acuerdo con el resultado, puede solicitar una segunda opinión.
- Si se confirma la discapacidad, la persona recibe un certificado con detalles sobre su discapacidad. Si no se confirma, no se emite el certificado, pero la información se registra como soporte del procedimiento.
- El certificado se actualiza en casos específicos, como cuando un menor cumple seis o 18 años, o cuando cambian las condiciones de salud de la persona.
OJO: El certificado de discapacidad no puede ser utilizado para acceder a prestaciones económicas o asistenciales, ni para calificar la pérdida de capacidad laboral.

¿CÚAL ES LA VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS?
Los certificados de discapacidad seguirán siendo válidos hasta que necesiten ser actualizados según lo indicado en el artículo 12 de la nueva Resolución. Esto también aplica a los certificados emitidos antes del 21 de julio de 2022. Si en el futuro el Ministerio cambia el modelo del certificado, los certificados anteriores seguirán siendo válidos.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA RESOLUCIÓN?
Esta resolución busca facilitar el acceso a servicios de salud y otros beneficios para las personas con discapacidad, garantizando que todos los datos estén bien registrados y sean accesibles para quienes gestionan políticas públicas y programas de atención.